La temporada productiva "alta" de Tucumán es prácticamente un recuerdo. En los próximos días, sólo unos pocos ingenios quedarán en zafra y cuando concluya este proceso, la actividad fabril de nuestra provincia quedará reducida a su mínima expresión. Probablemente ya pocos recuerden que los ingenios, las citrícolas y otras plantas industriales tuvieron que pasar un invierno difícil por las restricciones energéticas, y lo más grave es que se preanuncia que las dificultades de este tipo se mantendrán o se agudizarán el año próximo. En el camino, no se descarta que algunos jugadores del sector energético se transformen en las primeras víctimas de una política energética nacional que se empeña en mantener un esquema de tarifas bajas, lo que atenta contra las millonarias inversiones que demanda el sector energético para funcionar en forma adecuada.
La ola de frío polar a mediados de junio elevó el aumento de la demanda de gas natural por parte de los usuarios residenciales a niveles récord, y eso llevó al Gobierno a cerrar las válvulas a las industrias. A raíz de esta situación, la actividad industrial creció 9,8% en junio respecto del mismo mes del año pasado, pero cayó 0,4% en comparación con los niveles de mayo último, producto de los problemas de abastecimiento de gas que paralizaron decenas de fábricas en todo el país, de acuerdo con el Estimador Mensual Industrial (EMI), que revela el Indec. Para garantizar el gas natural a los hogares, el Gobierno obligó a las empresas distribuidoras a disminuir al mínimo o directamente cortar el suministro a las fábricas que poseen contratos interrumpibles y firmes. En Tucumán, utilizan gas para funcionar 12 de los 15 ingenios, seis citrícolas y una papelera. Ninguna de las fábricas dejó de operar pese a las elevadas restricciones que impuso la Secretaría de Energía desde el comienzo de la etapa invernal, pero sí disminuyeron su poder de producción. En el orden nacional, la provisión de gas natural se realiza en un 85% con producción interna (aproximadamente 120 millones de metros cúbicos día), y el resto, alrededor de 15 millones de metros cúbicos diarios, se importa de Bolivia y vía barcos de gas natural licuado que es regasificado en puerto.
Gradualmente, crisis
¿Por qué si este país logró el autoabastecimiento energético en la última década, e incluso se dio el gusto de sellar contratos de exportación de gas a muy largo plazo con Chile, ahora tiene que importar el fluido? El argumento del Gobierno es que el sostenido crecimiento de la economía argentina en los últimos años superó todas las expectativas de producción de energía, afirmación que parece ser cierta, al menos en parte. Los críticos coinciden con que se disparó la demanda energética de las fábricas, pero también advierten que la decisión de mantener un esquema tarifario sin modificaciones desde que se salió del esquema de la convertibilidad, en 2002, rompió el esquema de rentabilidad que venían sosteniendo las empresas energéticas, y terminó desalentando las inversiones en nuevos pozos de gas. Con menor producción, era esperable que cayera la oferta del fluido, con lo que se acotó el negocio en general, en particular el de las distribuidoras, que apenas ganaban como para mantener las redes operativas y para suministrar el servicio a los nuevos usuarios residenciales y a alguna empresa chica. Pero lejos quedó aquella ventaja que exhibía Tucumán hasta hace no mucho tiempo, de acceso a servicios de luz y gas sin restricciones para grandes industrias.
Hoy, la situación de la mayoría de las distribuidoras de gas del país es muy precaria, porque el negocio no les cierra desde hace ya varios años. A muchas les resulta muy difícil acudir a las ganancias de los años buenos, como sugiere el Gobierno cuando desde estas empresas se plantea que la situación es insostenible. Hoy una familia completa gasta cincuenta centavos en gas por día, es decir ciento ochenta pesos al año, para cocinar, higienizarse con agua caliente y calefaccionar su casa, lo cual suena irrisorio, más si se tiene en cuenta que la tarifa de gas domiciliario en Brasil representa un 1.600% más que en la Argentina.
Lo más grave parece ser que la población se está acostumbrando al derroche, porque en lugar de cuidar ese insumo no renovable, que según los expertos se terminaría en siete años, se despilfarra innecesariamente. Lo peor es que con este sistema de subsidios los mayores costos los están pagando también los que no tienen acceso al servicio de gas natural, que son en general sectores de menores recursos, que tienen que usar combustibles más caros.